Hay deudas que se miden en pesos y otras que se miden en citas que no se hicieron. La que acaba de destapar el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene de las dos. El 8 de noviembre, la agente especial interventora, Marjorie Englehard Archbold, informó en un comunicado que los recursos asignados al programa de Equipos Básicos de Salud "no se encuentran disponibles en las cuentas de la ESE en la cuantía requerida para atender las obligaciones pendientes". Lo publicaron Semana, El Espectador, El Nuevo Siglo, Diario La Libertad y San Andrés Hoy.

Traducido a lenguaje de barrio: los médicos, enfermeras, odontólogos y psicólogos que salieron a tocar puertas en los sectores más apartados de la isla trabajaron, pasaron sus cuentas de cobro y la plata que debía respaldar esos pagos no está completa en la cuenta.

Lo que se sabe y lo que no

Conviene ser precisos, porque en esta isla los rumores corren más rápido que los giros. La interventora no ha dicho que alguien se robó ese dinero, y esta columna tampoco lo dice. Dijo que la revisión financiera encontró que los recursos no alcanzan, que las obligaciones vienen de antes de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 16 de octubre, y que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Supersalud y del Ministerio de Salud, que fue la entidad que asignó esos recursos mediante resoluciones. También anunció que lo que requiera actuaciones adicionales irá a los organismos de control.

Lo que no se sabe es lo más importante. Ninguna de las publicaciones consultadas trae una cifra de cuánto falta. No se ha explicado cuánto giró el Ministerio, cuánto se ejecutó, cuánto se pagó y a quién, ni en qué se usó la diferencia, si es que la plata salió hacia otros gastos del hospital. Esa es, palabra por palabra, la tarea que la propia interventoría dice estar haciendo: "establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación".

Por qué esto duele más aquí

Los Equipos Básicos de Salud no son un lujo administrativo. Son la atención primaria que va a la casa: medicina general, enfermería, odontología, psicología, en los sectores donde la gente no tiene cómo pagar un taxi al hospital. Si esos equipos dejan de salir porque nadie les paga, la factura no la pasa el contratista. La pasa el abuelo diabético de La Loma, la madre adolescente de San Luis, el pescador que nunca se hizo un chequeo.

Y llueve sobre mojado. En septiembre, durante la visita de la ministra de Salud, Ana María Vesga, se encontró que 13 de los 59 servicios habilitados del hospital no estaban funcionando, según recordó El Nuevo Siglo: un 22 % de la oferta apagada, listas de espera quirúrgica de más de un año, 3.676 exámenes de radiología pendientes de lectura, un solo cirujano general para varias áreas y atrasos repetidos en la nómina. Un hospital así no tiene margen para que además se le descuadre la plata de la prevención, que es justamente la que evita que la gente llegue grave a urgencias.

Lo que la isla tiene derecho a exigir

La interventora hizo bien en no prometer pagos sin respaldo. "No vamos a ofrecer pagos sin el respaldo de los recursos: lo responsable es establecer con claridad qué ocurrió y cómo se resuelve", dijo. Es una frase sensata. Pero la sensatez tiene que venir acompañada de calendario y de documentos. Lo mínimo que el Archipiélago debería conocer, y pronto:

  • ¿Cuánto dinero asignó el Ministerio de Salud al programa EBS para San Andrés, en qué resoluciones y en qué fechas se giró?
  • ¿Cuánto se ejecutó, cuánto se pagó a los contratistas y cuál es el monto exacto que hoy no tiene respaldo?
  • Si parte de esos recursos se usó para otros gastos del hospital, ¿quién lo autorizó y con qué soporte jurídico?
  • ¿Qué salió de la mesa de diálogo del lunes 9 de noviembre con las coordinadoras del programa, y cuándo sabrán los trabajadores si se les va a pagar?
  • ¿Qué hallazgos se remitirán a la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía, y en qué fecha?

No escribo estas preguntas para señalar a nadie. Todavía no hay fallo, imputación ni hallazgo fiscal publicado que permita hacerlo, y sería irresponsable adelantarse. Las escribo porque el silencio en salud pública también es una decisión, y casi siempre la terminan pagando los mismos.

Al momento de escribir esta columna no encontré publicado un acuerdo con fecha de pago. La interventoría tiene la oportunidad de hacer algo poco común en esta isla: abrir las cuentas antes de que se las pidan los jueces. Que lo haga. Y que el Ministerio, que puso la plata, diga también qué control hizo mientras se gastaba.

Armando Archbold, periodista del Externado con maestría en política, editor de WiNyuuz

Fuentes