Esta semana no llegó un chisme de esquina. Llegó un pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación. The Archipielago Press lo publicó el 5 de noviembre, y Diario La Libertad y Nación Colombia lo habían reportado el 3: el Ministerio Público formuló cargos contra Cristian Fernando Cañón Bernal, quien se desempeñó como secretario de Infraestructura de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre 2024 y 2026, por presuntamente ejercer funciones públicas estando inhabilitado.

Hay que decirlo sin atajos. Un pliego de cargos no es una sentencia. No declara culpable a nadie y no le quita a Cañón Bernal el derecho a defenderse, a presentar pruebas y a controvertir lo que se le atribuye. Eso no es un tecnicismo de abogados: es la regla mínima de un Estado que no puede convertirse en turba. Lo que sí quedó establecido, porque lo informó la Procuraduría y lo reprodujeron esos medios, es que el organismo de control avanzó a esa etapa y calificó provisionalmente la conducta como falta grave a título de dolo.

Lo que dice el Ministerio Público

Según esas publicaciones, la Procuraduría sostiene que el investigado habría desobedecido e incumplido una decisión disciplinaria ejecutoriada: una destitución e inhabilidad general por ocho años y seis meses, relacionada con su gestión previa como subdirector de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique. El ente de control, de acuerdo con esos reportes, afirma que habría seguido ejerciendo funciones públicas de manera consciente y voluntaria, pese a conocer la restricción que pesaba sobre él.

Ocho años y seis meses no es una llamada de atención para el archivo. Es una inhabilidad general: el tipo de sanción que, si está en firme, impide ocupar empleos públicos. Si el recuento de la Procuraduría se sostiene, alguien ocupó una de las secretarías más sensibles de este departamento con una prohibición vigente. Si el investigado demuestra que no fue así, el pliego no se sostiene y habrá que decirlo con la misma claridad. Lo que no cabe es tratar el expediente como un trámite lejano, escrito en Bogotá para que aquí nadie lo lea.

Por qué esto no es un papel abstracto

En el Archipiélago, la Secretaría de Infraestructura no administra un edificio de vidrio. Toca lo que la gente pisa: vías, obras públicas, drenajes, el concreto que se promete después de cada temporal. El pliego que conocemos no habla de un contrato específico ni convierte a Cañón Bernal, por sí solo, en responsable de las obras inconclusas que la isla arrastra. Habla de algo anterior y más básico: si quien ocupó ese despacho podía, legalmente, estar sentado ahí.

Una inhabilidad ejecutoriada existe para que el Estado no se contradiga. De poco sirve el control disciplinario si después el mismo Estado vuelve a entregar un cargo. Por eso la pregunta no se agota en el nombre del investigado. Se extiende al procedimiento que lo nombró, lo posesionó y lo mantuvo.

Lo que la Gobernación debería poner sobre la mesa

Sin señalar a ningún otro funcionario —porque en las piezas publicadas no hay un fallo que lo permita— la isla tiene derecho a pedirle a la Gobernación documentos, no comunicados:

  • ¿Cuál es el acto administrativo de nombramiento y el acta de posesión de Cañón Bernal como secretario de Infraestructura?
  • ¿Qué certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría se consultó antes de ese nombramiento, en qué fecha y con qué resultado?
  • ¿La Oficina Jurídica o la Secretaría General advirtieron alguna inhabilidad? Si lo hicieron, ¿qué ocurrió con ese aviso?
  • ¿En qué fecha dejó el cargo y por qué motivo quedó registrado?
  • ¿La administración va a revisar, con control interno, el inventario de actos firmados en ese periodo, sin prejuzgar su validez?

Estas preguntas no condenan a nadie. Evitan que el próximo nombramiento se haga otra vez a ciegas. En un departamento donde cada peso de obra se siente en la calle, el filtro de una hoja de vida no puede ser un trámite de último minuto.

La Procuraduría ya hizo su parte al formular el pliego. Ahora le corresponde al investigado ejercer su defensa y a la Gobernación explicar cómo se verifican las inhabilidades cuando el cargo no es decorativo. En una isla pequeña, la confianza no se repara con silencio. Se repara con expedientes encima de la mesa.

Armando Archbold, periodista del Externado con maestría en política, editor de WiNyuuz

Fuentes