El miércoles, The Archipielago Press puso un número sobre la mesa que no se puede barrer con un comunicado: Infotep, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia —hoy convertido en universidad— tiene un índice de opacidad contractual del 72 por ciento, rango «muy alto», según el observatorio Cuestor.

No es un chisme de barra. Cuestor midió 748 contratos firmados por cerca de 45 mil millones de pesos, con las 16 señales de riesgo que usa en todo el país. El resultado: Infotep está en el puesto 7 entre 2.183 entidades ranqueadas a nivel nacional y es el primero entre 177 pares de su grupo (nacionales medianas). En claro: entre instituciones parecidas, nadie contrata con más señales de opacidad que Infotep.

Antes de que alguien grite «calumnia», digamos lo que Cuestor mismo dice —y lo que este editorial respeta al pie de la letra—: el índice no afirma que una entidad sea corrupta. Mide dónde está frente a sus pares en señales que la literatura asocia con riesgo, con datos abiertos de SECOP II. Opacidad no es sentencia. Pero 72 por ciento tampoco es un detalle de oficina.

Las señales que más duelen

Tres cifras del propio Cuestor explican por qué el índice se dispara:

  • El 57% de los procesos competitivos terminó con un solo proponente (percentil 97 entre sus pares).
  • El 42% de esos procesos competitivos tuvo invitación directa a proveedores (percentil 98).
  • El 55% de los contratos se hizo por contratación directa.

Traducción isleña: mucha plata pública se mueve con poca competencia real. Cuando un proceso «competitivo» llega con un solo oferente o con invitación cerrada, el mercado deja de ser mercado. Y cuando más de la mitad va por directa, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve ciudadana: ¿quién decide, con qué criterios y ante quién responde?

Hay matices que también hay que decir. Cuestor registra que Infotep está mejor que sus pares en prórrogas (3%) y no muestra racimos de fraccionamiento. En marzo de 2024 hubo un quiebre: la contratación directa bajó con fuerza. Eso importa. Pero no borra el promedio: el índice sigue en «muy alta» y el puesto 1 del grupo no se sostiene con una sola mejora puntual.

No es cualquier entidad

Infotep no es un fondo lejano de Bogotá. Es la escuela que forma técnicos, profesionales y ahora universitarios en la isla. Es la puerta de muchos jóvenes raizales y residentes a un oficio, a un sueldo, a quedarse sin tener que emigrar. Si esa puerta se maneja con opacidad, el costo no es solo contable: es social.

The Archipielago Press lo enmarca además en una controversia política sobre el manejo reciente de la institución. Ese debate político existe y la isla lo discute. Este editorial no resuelve quién tiene la razón en esa pelea. Se queda con lo verificable: el ranking de Cuestor, las cifras de SECOP y la obligación de rendir cuentas cuando se administra plata pública.

Tampoco partimos de cero. Años atrás, el mismo semanario documentó hallazgos de la Contraloría General sobre contratos del Infotep con una contratista a la que, en un solo periodo, le adjudicaron siete contratos por más de 154 millones, con traslados penales y disciplinarios. Eso es historia de control fiscal publicada, no rumor. El punto de hoy es otro: la opacidad estructural que el índice mide en el universo contractual actual.

Lo que Infotep debería publicar ya

Si la rectoría y el consejo superior quieren bajar ese 72%, no necesitan un discurso. Necesitan hechos que cualquier isleño pueda revisar:

  • Publicar un tablero vivo de contratación 2024-2026: modalidad, valor, proponentes, adjudicatario y justificación de cada directa.
  • Explicar por qué el 57% de los competitivos terminó con un solo oferente y qué medidas tomarán para abrir el mercado.
  • Transparentar el 60% de contratos que, según Cuestor, aparecen sin supervisor publicado: nombre, cédula institucional y acta de recibo.
  • Entregar a Contraloría, Procuraduría y a la comunidad académica un plan de mejora con plazos, no con adjetivos.

San Andrés no le pide a Infotep que sea santo. Le pide que sea legible. Una universidad que forma a la isla no puede enseñar ética pública en el aula y practicar opacidad en SECOP. El 72% no es una condena: es una alarma. Y las alarmas, en estas islas, se apagan con documentos, no con silencios.

Armando Archbold, periodista del Externado con maestría en política, editor de WiNyuuz

Fuentes