El martes, en la Casa de la Cultura de North End, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo lo que hace cada cuatro años: escuchar a la región para armar el Plan Nacional de Desarrollo. Salió de ahí una cifra redonda y vistosa. Según el comunicado del DNP, el Archipiélago presentó un portafolio preliminar de 33 proyectos por cerca de 2,19 billones de pesos, con un potencial de unos 8.600 empleos directos.

De esa bolsa, 1,55 billones van para transporte. La joya es la modernización del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, con 1,188 billones indicativos; le siguen un sistema de transporte público eléctrico por 176.000 millones y las vías circunvalares por 128.000 millones. Suena bien. Cualquiera que haya esperado una buseta bajo el sol en la Avenida Circunvalar quiere eso.

Pero el mismo DNP puso la letra pequeña: las cifras “corresponden a estimaciones indicativas y están sujetas a los procesos de viabilidad, priorización y definición de fuentes de financiación”. Traducido al español de la calle: nada de eso es plata en el banco. Es una lista de deseos. Y en estas islas ya sabemos cómo terminan muchas listas de deseos.

La semana en que se habló de billones

No se puede leer ese portafolio sin mirar lo que pasó alrededor. El mismo 3 de noviembre, según publicó El Extra, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Cristian Fernando Cañón Bernal, secretario de Infraestructura de la Gobernación entre 2024 y 2026, por presuntamente ejercer el cargo estando inhabilitado por una sanción previa de destitución. Es un pliego de cargos, no un fallo: él tiene derecho a defenderse. Pero la pregunta para la Gobernación es otra y no depende del resultado disciplinario: ¿cómo llegó a dirigir la cartera que maneja las obras alguien con una inhabilidad ejecutoriada? ¿Quién verificó su hoja de vida?

Esa es justamente la secretaría que tendría que ejecutar las circunvalares y buena parte de lo que se acaba de prometer.

Hay más. En octubre, la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento de 3.000 millones en un contrato para recuperar corales en el que participaron Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa, según reportaron Portafolio y La FM. El ente de control habla de actividades aparentemente no ejecutadas, soportes inconsistentes y viajes a Bahamas sin justificación clara. Todavía no hay decisión de fondo. La Procuraduría, por su parte, abrió indagaciones previas sobre la contratación del Hospital Departamental y de la Gobernación, y envió a la isla una comisión especial.

Y el 31 de octubre, según El Extra, una veeduría radicó ante la gobernadora y los organismos de control una auditoría con 57 presuntas irregularidades en un contrato de cerca de 3.914 millones para recoger residuos de línea blanca. Son señalamientos de un particular, no conclusiones oficiales. Pero merecen una respuesta pública y documentada, no silencio.

La misma ministra lo dijo

En el encuentro del DNP, la ministra de Salud, Ana María Vesga, habló de “un hospital abandonado, en condiciones en las que enfermarse se convierte en una preocupación para la comunidad”. Lo dijo una funcionaria del Gobierno nacional, no un opositor. Si el hospital que ya existe está así, ¿con qué garantía le pedimos a la Nación que confíe un billón largo para un aeropuerto?

No escribo esto contra el aeropuerto, ni contra los buses eléctricos. San Andrés los necesita. Escribo porque el isleño ha visto pasar demasiados anuncios con cifras de nueve ceros, y lo que queda después es una placa, un sobrecosto o un expediente. La plata grande no se pierde por falta de proyectos; se pierde por falta de control.

Lo que debería venir con cada peso

Si el Archipiélago quiere que estos 33 proyectos entren de verdad al Plan Nacional de Desarrollo, la Gobernación y el DNP deberían comprometerse, desde ya, con mínimos que cualquiera pueda revisar:

  • Publicar la lista completa de los 33 proyectos, con valor, entidad ejecutora y estado de viabilidad de cada uno. Hoy solo conocemos tres.
  • Explicar qué filtros tiene la Gobernación para que ningún funcionario inhabilitado vuelva a firmar contratos de obra.
  • Responder punto por punto la auditoría de la veeduría y entregar a los entes de control toda la información pedida en los casos del hospital y de los corales.
  • Garantizar consulta previa al pueblo raizal en los proyectos que toquen territorio, mar o paisaje, empezando por el aeropuerto.

Nada de esto es exagerado. Es lo mínimo que se le exige a quien administra la plata de todos. Un plan de desarrollo con 2,19 billones y sin transparencia no es desarrollo; es una invitación.

Los isleños no le tenemos miedo a las cifras grandes. Le tenemos miedo a que vuelvan a desaparecer. Antes de pedirle más a Bogotá, que alguien en la Gobernación responda por lo que ya llegó.

Armando Archbold, periodista del Externado con maestría en política, editor de WiNyuuz

Fuentes