Lo que dijo la Procuraduría
En San Andrés uno se acostumbra a pitar, a esperar y a buscar parqueo donde no lo hay. Lo que no deberíamos aceptar como costumbre es que una orden judicial para proteger la vida en la isla lleve años sin cumplirse del todo. El 10 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los exgobernadores Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020-2023) y Nicolás Iván Gallardo Vásquez (2024-2026) por el presunto incumplimiento de una tutela del Tribunal Administrativo del Archipiélago que ordenaba mitigar los efectos de la sobrepoblación. Lo publicaron El Universal, Asuntos Legales, Radio Hoy y Diario del Cauca.
A Hawkins le cuestionan presuntas omisiones en el funcionamiento de la OCCRE, en el control de barrios subnormales y construcciones irregulares, y en el parque automotor. A Gallardo, el control del crecimiento de vehículos, motos, mulas y carros de golf. La Procuraduría calificó las faltas, de manera provisional, como graves a título de culpa grave.
Lo que no es este caso
Conviene decirlo claro, porque en esta isla los rumores corren más rápido que una moto por la circunvalar: esto es un proceso disciplinario. No es una condena, no es una acusación penal y nadie ha hablado de plata perdida ni de corrupción. Culpa grave significa que el Ministerio Público cree, de entrada, que hubo descuido en cumplir una orden, no intención de violarla. Los dos tienen derecho a defenderse y el proceso apenas empieza.
Gallardo ya respondió. Según el documento que publicó El Extra, su administración hizo el censo vehicular de 2024, presentó al Tribunal una comparación con el censo de 2017 que mostró un aumento del 8,75 % del parque automotor, pidió una medida cautelar para restringir la entrada de vehículos, que el Tribunal concedió por tres meses mediante auto del 26 de mayo de 2025, solicitó el 15 de agosto de 2025 prorrogarla por dos años, prórroga que el mismo Tribunal negó el 6 de abril de 2026, volvió a insistir el 2 de junio de 2026 y pidió al Ministerio de Transporte crear una zona diferencial de tránsito para el Archipiélago. De Hawkins, hasta ahora, no se conoce respuesta pública.
La pregunta que importa
Aquí está el nudo. Si un gobernador pide frenar la entrada de carros y el freno dura tres meses, ¿quién tiene de verdad la llave de la puerta? La isla merece saber por qué se negó la prórroga, qué respondió el Ministerio de Transporte sobre la zona diferencial y cuántos vehículos han entrado desde que terminó la restricción. Ese 8,75 % de la administración y el "aumento exagerado" que señala la Procuraduría no pueden quedarse como dos versiones que no se tocan: los datos de los censos de 2017 y 2024 deberían estar publicados, completos y en un formato que cualquier ciudadano pueda revisar.
Lo mismo vale para la OCCRE. Llevamos décadas hablando de control de residencia y todavía no tenemos, a la vista de todos, cuántas personas viven en el Archipiélago, cuántas tarjetas se expiden al año y cuántos visitantes se quedan más de la cuenta. Sin esas cifras, cada gobierno hereda el problema y cada exgobernador termina dando explicaciones ante un ente de control.
El turno de quien gobierna hoy
La gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie llegó con la tutela vigente. El portafolio de 33 proyectos que el DNP presentó el 3 de noviembre incluye un sistema de transporte público eléctrico por 176.000 millones de pesos. Bienvenido, pero un bus eléctrico no sirve de mucho si detrás de él siguen entrando motos y carros sin control. La pregunta para la Gobernación es sencilla: ¿cuál es su plan para cumplir lo que el Tribunal ordenó, con metas y fechas que se puedan medir?
Lo que exigimos
Pedimos cuatro cosas. Que la Gobernación publique los censos vehiculares y los informes que ha enviado al Tribunal. Que el Ministerio de Transporte responda en público la solicitud de zona diferencial. Que la OCCRE entregue cifras de residentes y de permanencias vencidas. Y que la Asamblea Departamental cite a quien corresponda para explicar cómo se va a cumplir la tutela de aquí en adelante.
La sobrepoblación no se arregla con un pliego de cargos, como tampoco se arregló con comunicados. Dos exgobernadores tendrán que dar sus explicaciones y ojalá las den completas. Pero si dentro de cuatro años otro exmandatario está en la misma silla respondiendo por la misma orden, el que habrá perdido es el Archipiélago. Y aquí el espacio, como la paciencia, ya no alcanza.
