Hay que decirlo primero, sin rodeos: lo que hizo la Armada cerca de Cayo Serranilla estuvo bien hecho. Según el Comando General de las Fuerzas Militares, una unidad naval detectó un pesquero extranjero que funcionaba como buque nodriza, del que salían pangas con buzos. La Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de San Andrés interceptó a 44 ciudadanos hondureños en plena faena. Se incautaron 20 pangas, 143 tanques de buceo y 241 kilos de recursos: 142 de caracol pala, 77 de langosta, 16 de cangrejo y 6 de pescado. Migración Colombia los expulsó el domingo 1 de noviembre, después de que un juez de control de garantías de San Andrés los dejara a su disposición.

El lunes, el presidente Abelardo De La Espriella lo anunció con una frase hecha para redes: “¡La soberanía de Colombia se respeta!”. Y uno quisiera aplaudir y ya. Pero el que vive en estas islas sabe leer la letra pequeña del parte oficial.

El detalle que nadie destacó

De acuerdo con la misma Armada, citada por Infobae, cuando el pesquero vio a las autoridades “inició la huida” y dejó atrás a los hombres que estaban en las lanchas. Es decir: el barco grande, el que tiene dueño, el que financia la operación, el que compra y revende, se fue. Se quedaron los buzos, que son el último eslabón y, muchas veces, la mano de obra más pobre de la cadena. Los devolvimos a Honduras en cuestión de días. ¿Y el armador? ¿Y la empresa que pone el combustible y los 143 tanques? Hasta ahora no hay, en lo publicado, una sola palabra sobre quién era el dueño de ese barco ni qué pasos diplomáticos o judiciales se darán contra él.

No lo digo para restarle mérito a los guardacostas. Lo digo porque esta historia la hemos visto antes, con distintas banderas, en los mismos bancos. Serranilla, Bajo Nuevo, Alicia y Quitasueño están lejos de San Andrés, pero no están lejos del bolsillo de los pescadores artesanales raizales, que respetan la veda del caracol pala mientras otros entran con tanques de buceo a raspar el fondo.

Soberanía es presencia, no titular

Hace apenas dos semanas el Gobierno nos prometía un decreto de líneas de base para el archipiélago. Bien. Pero ninguna línea dibujada en Bogotá cuida un arrecife a cientos de kilómetros si no hay barcos, combustible, radar y gente en el agua todo el año. La pregunta para la Armada, la Dimar, la AUNAP y la Gobernación es sencilla: ¿cuántos días al año hay presencia permanente en los cayos del norte? ¿Cuántas incursiones se detectan y cuántas terminan en captura? Esos datos existen y deberían ser públicos.

Y hay otra pregunta, más de casa: ¿qué pasará con los 241 kilos decomisados y con las 20 pangas? ¿Quién custodia los tanques? En una isla donde la desconfianza en las instituciones no es un invento de nadie, la transparencia sobre el destino de lo incautado también es soberanía.

Lo que el archipiélago debería exigir

  • Que se informe quién era el armador del buque nodriza y qué acción diplomática o judicial se adelanta contra él, no solo contra los buzos.
  • Un reporte público, al menos semestral, de patrullajes e interdicciones en Serranilla, Bajo Nuevo y Quitasueño.
  • Que los pescadores raizales participen en la vigilancia y en el diseño de las medidas: nadie conoce mejor esos bancos.
  • Claridad sobre la custodia y el destino de todo lo decomisado.

Expulsar a 44 hombres es una noticia de un día. Defender el mar de la reserva Seaflower es un trabajo de todos los días. Los isleños no necesitamos más exclamaciones desde Bogotá; necesitamos que el barco nodriza no se vuelva a ir.

Armando Archbold, periodista del Externado con maestría en política, editor de WiNyuuz

Fuentes